Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro cumplen un mes el próximo lunes, marcados con un nuevo pulso del chavismo y la oposición en la calle.
Las manifestaciones, que suman hasta ahora casi 30 de fallecidos, representan un nuevo punto álgido en la crisis en Venezuela.
El presidente Hugo Chávez, fundador de la “revolución bolivariana”, murió de cáncer el 5 de marzo de 2013. Sin embargo, aunque esta es la versión oficial, hay muchas sospechas de que el entonces presidente fue asesinado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para retener el poder.
Maduro, que era su vicepresidente y ungido sucesor, ganó las siguientes elecciones por un estrecho margen sobre el opositor Henrique Capriles, quien denunció enérgicamente un fraude electoral sin encontrar solución alguna.
El precio del crudo, que llegó a estar en 100 dólares el barril, empezó a caer en 2014, hasta llegar a 33 dólares en 2016 y 44 en 2017.
Ese desplome recortó drásticamente las importaciones y se disparó la escasez de alimentos, medicinas e insumos para la industria, en medio de un férreo control de precios y de cambio.
Junto al deterioro económico, la oposición se volcó a las calles para exigir la renuncia de Maduro, en protestas que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo.
En medio de la debacle económica, el chavismo sufrió en diciembre su peor revés en 17 años de gobierno, al perder de forma aplastante las elecciones parlamentarias.
Comienza entonces una severa crisis institucional: el gobierno, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros poderes públicos acusados de servir al chavismo, se enfrentan al Parlamento controlado por la oposición.
El TSJ hizo añicos los poderes legislativos de la oposición al declarar al Parlamento en desacato y anular todas sus decisiones.
La oposición se abocó a buscar un referendo para sacar a Maduro del poder, pero en octubre el CNE suspendió el proceso, argumentando acusaciones de “fraude” en la recolección de firmas, y postergó para 2017 las elecciones de gobernadores previstas para 2016.
Se convocaron masivas protestas, pero la presión bajó cuando aceptó un diálogo con el gobierno, promovido por el Vaticano, a un alto costo político. En diciembre, los opositores pararon las negociaciones acusando al gobierno de incumplir acuerdos.
A fines de marzo, el TSJ asume las funciones de la Asamblea Nacional y levanta la inmunidad de los diputados, lo que la oposición consideró un “golpe de Estado”.
Tras fuerte presión internacional, los fallos del TSJ fueron anulados parcialmente. Pero la oposición se lanzó a la calle el 1 de abril para exigir la destitución de los magistrados, la autonomía del Parlamento y elecciones generales.
Paralelamente, la Contraloría inhabilitó a Capriles para ejercer cargos públicos por 15 años y lo deja fuera de una elección.
Luego que la OEA convocó a una reunión de cancilleres para tratar la crisis venezolana, el gobierno inició su proceso de retiro del organismo.
El gobierno descarta un adelanto de las presidenciales, pautadas para diciembre de 2018. Las protestas tendrán una nueva jornada el lunes 1° de mayo.
AFP
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