El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que pagará todos los intereses y el capital de la deuda externa y que no hay razón para declarar a Venezuela en “default”. Algunos voceros del chavismo han rechazado que varias calificadoras de riesgo sentencie el default en Venezuela y que algunos de los retrasos en los pagos son consecuencia de las sanciones de EEUU.
En un trabajo publicado por El Pitazo, se consultó el análisis de la situación actual de la administración de Maduro y el economista Francisco Rodríguez advirtió las causas y posibles consecuencias de declarar en default a Venezuela.
1.- De mantenerse los retrasos en un plazo razonable y las autoridades comuniquen sus intenciones de pagar, difícilmente se iniciarán acciones legales para cobrar las obligaciones. 2.- Si los pagos se retrasan más del plazo establecido y los acreedores empiezan a tener dudas sobre la intención de honrarlos, podrían organizarse para emprender demandas contra la nación, el gobierno de Venezuela y Pdvsa. 3.- Si la obligación es incumplida, los acreedores tendrán la potestad de buscar la aceleración del bono. 4.- La aceleración del bono exigirá el pago del bono retrasado y todos los pagos futuros de intereses y amortización. Asimismo, cabe la posibilidad de que se produzca un default cruzado. 5.- Si los pagos de Pdvsa y Venezuela se atrasan lo suficiente como para que los acreedores invocasen las cláusulas de aceleración y se produjese default cruzado, Venezuela podría pasar de la situación actual, en la que tiene que ponerse al día sobre pagos atrasados de $986mm, a una en la que se harían inmediatamente exigibles $99,4 millardos en capital e intereses de bonos y pagarés. 6.- Honrar esta deuda sería claramente imposible para el Estado y Venezuela no tendría otra opción sino declarar una cesación unilateral de pagos. 7.- Si se declara una cesación unilateral de pagos, comenzarían a activarse demandas a través de las cuales los acreedores buscarían obligar a Venezuela a pagar sus compromisos. 8.- Estas demandas conllevan un peligro especial para las actividades de la industria petrolera venezolana. 9.- La industria petrolera de Venezuela tiene activos potencialmente embargables como las refinerías fuera del territorio nacional, los tanqueros petroleros y otras compañías fuera del país en las que Pdvsa o la República tienen propiedad, tales como la empresa Citgo. 10.- El valor de todos los activos anteriormente mencionados asciende a 5,9 millardos de dólares. 11.- Asimismo, los acreedores podrían embargar las cuentas por cobrar de Pdvsa por envíos de petróleo al resto del mundo. 12.- Esto podría afectar a $18,8 millardos de ingresos por exportaciones petroleras anuales de la nación que se destinan a países donde hay un entorno legal propicio a la ejecución de decisiones judiciales internacionales. 13.- Pdvsa intentaría protegerse de estas acciones desplazando los envíos de petróleo a países en los cuales no se pueden seguir estos procesos judiciales –tales como Rusia y China-. 14.- Una cesación de pagos desordenada, sin que se dé en el contexto de negociaciones con los acreedores que permitan acordar la suspensión de acciones judiciales contra nuestra empresa petrolera podría llevar a la pérdida de activos vitales y al desplome de los ingresos petrolerosvenezolanos. 15.- Esto causaría una profundización de la contracción económica y a una reducción aún mayor a la sostenida hasta ahora en las importaciones del país. 16.- Serían menos importaciones de alimentos y medicinas para el país. 17.- Evitar que Venezuela entre en default indefinido, con la catástrofe económica que ello acarrearía, debe ser una de las prioridades de la nación. 18.- La solución integral a este problema requiere la formulación de un marco de renegociación con los acreedores, así como la presentación de un plan de reformas económicas que permita recuperar la capacidad de pago.
1.- De mantenerse los retrasos en un plazo razonable y las autoridades comuniquen sus intenciones de pagar, difícilmente se iniciarán acciones legales para cobrar las obligaciones.
2.- Si los pagos se retrasan más del plazo establecido y los acreedores empiezan a tener dudas sobre la intención de honrarlos, podrían organizarse para emprender demandas contra la nación, el gobierno de Venezuela y Pdvsa.
3.- Si la obligación es incumplida, los acreedores tendrán la potestad de buscar la aceleración del bono.
4.- La aceleración del bono exigirá el pago del bono retrasado y todos los pagos futuros de intereses y amortización. Asimismo, cabe la posibilidad de que se produzca un default cruzado.
5.- Si los pagos de Pdvsa y Venezuela se atrasan lo suficiente como para que los acreedores invocasen las cláusulas de aceleración y se produjese default cruzado, Venezuela podría pasar de la situación actual, en la que tiene que ponerse al día sobre pagos atrasados de $986mm, a una en la que se harían inmediatamente exigibles $99,4 millardos en capital e intereses de bonos y pagarés.
6.- Honrar esta deuda sería claramente imposible para el Estado y Venezuela no tendría otra opción sino declarar una cesación unilateral de pagos.
7.- Si se declara una cesación unilateral de pagos, comenzarían a activarse demandas a través de las cuales los acreedores buscarían obligar a Venezuela a pagar sus compromisos.
8.- Estas demandas conllevan un peligro especial para las actividades de la industria petrolera venezolana.
9.- La industria petrolera de Venezuela tiene activos potencialmente embargables como las refinerías fuera del territorio nacional, los tanqueros petroleros y otras compañías fuera del país en las que Pdvsa o la República tienen propiedad, tales como la empresa Citgo.
10.- El valor de todos los activos anteriormente mencionados asciende a 5,9 millardos de dólares.
11.- Asimismo, los acreedores podrían embargar las cuentas por cobrar de Pdvsa por envíos de petróleo al resto del mundo.
12.- Esto podría afectar a $18,8 millardos de ingresos por exportaciones petroleras anuales de la nación que se destinan a países donde hay un entorno legal propicio a la ejecución de decisiones judiciales internacionales.
13.- Pdvsa intentaría protegerse de estas acciones desplazando los envíos de petróleo a países en los cuales no se pueden seguir estos procesos judiciales –tales como Rusia y China-.
14.- Una cesación de pagos desordenada, sin que se dé en el contexto de negociaciones con los acreedores que permitan acordar la suspensión de acciones judiciales contra nuestra empresa petrolera podría llevar a la pérdida de activos vitales y al desplome de los ingresos petrolerosvenezolanos.
15.- Esto causaría una profundización de la contracción económica y a una reducción aún mayor a la sostenida hasta ahora en las importaciones del país.
16.- Serían menos importaciones de alimentos y medicinas para el país.
17.- Evitar que Venezuela entre en default indefinido, con la catástrofe económica que ello acarrearía, debe ser una de las prioridades de la nación.
18.- La solución integral a este problema requiere la formulación de un marco de renegociación con los acreedores, así como la presentación de un plan de reformas económicas que permita recuperar la capacidad de pago.
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