La Organización de Estados Americanos (OEA) inaugura hoy su 46 Asamblea General en la capital dominicana con la crisis en Venezuela fuera de la agenda oficial y la respuesta pendiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al borde del abismo económico.
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, será el anfitrión esta noche en el Teatro Nacional de Santo Domingo de la inauguración de la Asamblea, que iniciará su agenda de trabajo el martes con la presencia de 27 cancilleres y altos representantes de los34 países miembros, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
Entre el martes y el miércoles los países americanos -todos menos Cuba– debatirán en torno al tema oficial del encuentro elegido por dominicana: “Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas”.
Esta Asamblea de la OEA es una de las que más expectativas ha despertado en los últimos años, además de la que en 2009 anuló la suspensión de Cuba del ente, porque el secretario general, Luis Almagro, dio un paso sin precedentes dos semanas antes al pedir que se aplique la Carta Democrática a Venezuela.
Ese debate ha puesto todos los focos sobre la OEA, que el 23 de junio debatirá en su sede de Washington si prosigue con el proceso gradual de la Carta, que podría llevar a gestiones diplomáticas (18 votos de embajadores), a la convocatoria urgente de una reunión de cancilleres (24 votos de embajadores) y, en último lugar, a la suspensión de Venezuela del ente (24 votos de cancilleres).
Almagro, que en Washington había dicho que “no se entendería” que no se hablara del tema venezolano en esta Asamblea, dijo ayer en Santo Domingo que este asunto debe quedar fuera del encuentro.
“No forma parte de la agenda formal de la Asamblea, para ello los países tendrían que haber votado su inclusión en el temario y eso a esta altura es imposible e innecesario al haberse fijado una fecha para el 23 de junio” para debatir ese asunto en una sesión del Consejo Permanente en Washington, dijo ayer Almagro en rueda de prensa junto al canciller dominicano, Andrés Navarro.
“Durante la presente Asamblea seré muy respetuoso de las formas y de la agenda de la Asamblea, por lo tanto no abordaré ese tema en un contexto en el que no ha sido planeado ni programado y cuando ya existe una instancia para abordarla definitivamente”, agregó.
No obstante, Almagro no descartó “los contactos informales” sobre el tema venezolano, que con toda probabilidad se producirán en el almuerzo privado que mantendrá el martes con los jefes de delegación, en su mayoría cancilleres, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), encabezados por Venezuela, anunciaron la semana pasada que aprovecharán la Asamblea para expresar su rechazo frontal a la aplicación de la Carta Democrática a Caracas.
El otro tema en el punto de mira es la CIDH, el órgano autónomo de derechos humanos de la OEA, que vive la peor crisis financiera de su historia y tendrá que despedir al 40 % de su personal (30 personas) en julio y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio -último día de la Asamblea- los dos millones de dólares que le faltan este año para cumplir mínimamente con sus funciones.
Almagro reiteró ayer su llamado a los Estados miembros a que den una respuesta a esta crisis y volvió a proponer que se apruebe la creación de un fondo directo de los países a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la partida que sale del presupuesto de la OEA (el 6 %, 4,8 millones de dólares).
En la nutrida agenda de la Asamblea destacan también la votación de la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” después de 17 años de negociación, de un plan de acción para las personas afrodescendientes y de la “Declaración de Santo Domingo” sobre el tema oficial del encuentro.
Para la Asamblea, la cita anual de máximo nivel de la OEA, están acreditadas 1609 personas: 352 delegados de los países miembros (entre ellos 27 cancilleres), 36 observadores permanentes con 92 delegados, 567 representantes de la sociedad civil, 43 organizaciones internacionales con 79 delegados, 29 representantes de empresas privadas y 305 periodistas internacionales y locales. Publica Efectococuyo.
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