Las pretensiones de la oposición de aprobar una ley que otorgaría el titulo de propiedad de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda desmantelaría uno de los más eficaces mecanismos de control que ejerce el chavismo sobre la sociedad venezolana y que mantiene a cientos de miles de personas amarradas a sus filas bajo la permanente amenaza de ser lanzadas a la indigencia.
Expertos consultados dijeron que el proyecto de ley –aprobado en primera discusión el jueves en la Asamblea Nacional– impediría que el régimen de Nicolás Maduro continúe utilizando el programa gubernamental para obligar a cerca de un millón y medio de electores a votar a su favor en las elecciones, lo que dejaría a muchos de ellos en libertad de migrar hacia la oposición.
“Ellos [en el chavismo] se oponen a esto porque el si el usuario de la vivienda pasa a ser el propietario, pues ya no va a depender del Estado, va a ser independiente del gobierno”, comentó desde Caracas el ex canciller venezolano Armando Durán.
El gran objetivo del programa gubernamental siempre fue “mantener a los inquilinos controlados por la Misión […] Ha sido muy grande el dominio económico sobre el inquilino que ha adquirido la misión”, agregó.
Entre 500,000 y un millón de familias que residen en las unidades bajo propiedad del Estado se beneficiarían directamente del proyecto de ley, que pasó la primera votación con la aprobación unánime de los 109 diputados vinculados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que agrupa a los principales partidos de la oposición.
La minoritaria bancada oficialista se opuso la moción.
“Este instrumento que acaban de aprobar […] primero no cumple los requisitos para ser un proyecto de ley, segundo no resiste ningún análisis jurídico y tercero es inconstitucional”, manifestó el diputado gubernamental Pedro Carreño.
El gobernante Nicolás Maduro por su parte, ha estado lanzando llamados a la población a salir a las calles a manifestarse en contra del proyecto de ley, argumentando que la oposición pretende dejar a los beneficiarios sin viviendas.
“Llamo a todo el pueblo a movilizarse contra la Ley Capitalista que pretende privatizar la vivienda y el hábitat de la familia venezolana”, manifestó el gobernante en su cuenta de Twitter.
No obstante, el gobernante no explicó cómo es que los beneficiarios de la misión, quienes recibirían los títulos de propiedad, terminarían perdiendo las viviendas.
Los analistas, entre tanto, dijeron que el chavismo en realidad no está preocupado por el hipotético escenario de que los actuales beneficiarios de la Misión Vivienda terminen perjudicados sino porque corren el riesgo de perder uno de sus mayores instrumentos de control y de manipulación política.
“La Misión Vivienda ha sido la que ha generado los mayores niveles de aspiración entre la población”, dijo desde Caracas Oswaldo Ramírez, presidente de la firma ORC Consultores. “Hábilmente el gobierno, el 2012, y luego el 2015, propagandísticamente lo ha utilizado para tratar de generar esa conexión y esa lealtad”.
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