Brasil anuló un beneficio que permitía la residencia temporal de venezolanos que llegasen huyendo de la crisis económica de su país, una polémica decisión adoptada apenas 24 horas después de la entrada en vigencia de la norma.
La marcha atrás del Consejo Nacional de Inmigración (CNI) para conceder residencia de hasta dos años a ciudadanos de países fronterizos que entrasen por vía terrestre golpea especialmente a miles de venezolanos que llegan al gigante sudamericano a través del estado de Roraima (norte).
La cancelación fue comunicada en un breve despacho publicado el jueves, que no detalló las razones de la retractación.
“No hubo ninguna explicación y ninguna justificación del CNI. Es una situación grave”, dijo este viernes a la AFP Camila Asano, coordinadora de la Política Externa en la ONG Conectas, una de las varias entidades que firmaron un comunicado criticando la decisión. “Hay un flujo intenso de venezolanos que entran por Roraima y la política anulada era buena, porque daba la posibilidad de solicitar una residencia temporal”, dijo Asano.
“No hubo ninguna explicación y ninguna justificación del CNI. Es una situación grave”, dijo este viernes a la AFP Camila Asano, coordinadora de la Política Externa en la ONG Conectas, una de las varias entidades que firmaron un comunicado criticando la decisión.
“Hay un flujo intenso de venezolanos que entran por Roraima y la política anulada era buena, porque daba la posibilidad de solicitar una residencia temporal”, dijo Asano.
La propia fiscalía general de Brasil, a través de la Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos, manifestó su “sorpresa” y solicitó “las aclaraciones públicas necesarias”.
En medio de la polémica, la asesoría de comunicación del CNI dijo que divulgaría una nota sobre el incidente durante la tarde.
Tras la retractación brasileña, las personas que pretendían regularizar su estancia en el país deberán volver a tener casi como única opción de permanencia la solicitud del estatus de refugiado, un trámite de resultado incierto que aumentó exponencialmente hasta saturar la capacidad de atención de las autoridades locales.
Los pedidos pasaron de apenas uno en 2010 a 1.805 en 2016, según datos del Ministerio de Justicia recolectados en el estado de Roraima.
La resolución, que duró apenas 24 horas, permitía regularizar el estatus migratorio con documentación e información básica que comprobara, entre otras cosas, que los solicitantes no tenían antecedentes penales.
Si bien se carece de cifras exactas, se estima que miles de venezolanos ya cruzaron la frontera en busca de trabajo, atención médica y de productos que no encuentran en su país, que padece la inflación más alta del mundo y serios problemas de desabastecimiento.
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, alertó este viernes en la ONU sobre el peligro de una emigración masiva de venezolanos hacia otros países de la región, debido a la severa crisis que atraviesa ese país.
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