“El trabajo del parlamento no se puede medir por la cantidad de instrumentos jurídicos que se aprueben”. En su balance de la gestión de la nueva Asamblea Nacional (AN) con mayoría opositora, tras cumplir el primer mes del nuevo periodo legislativo, el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alfonso Marquina, aseveró que la bancada antichavista ha logrado ejercer su función más allá de los obstáculos que el Gobierno nacional ha puesto en el camino.
La primera barrera con la que lidiaron fue la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender la proclamación de tres de sus legisladores electos en Amazonas tras admitir un recurso de impugnación del sector oficialista. La medida mantiene provisionalmente a la fracción opositora con 109 de los 112 parlamentarios logrados el 6D.
A pesar de ello, para Marquina se han conseguido avances significativos en el marco de lo prometido durante toda la pasada campaña electoral. Señaló como ejemplo la aprobación -en primera discusión- del proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv).
“No somos una fábrica de mesas. Lo que buscamos es que lo que se haga (además de las leyes que aprobemos), sea realmente eficiente”, sentenció Marquina.
Un total de ocho sesiones ordinarias y una extraordinaria se han efectuado en el hemiciclo del Palacio Legislativo desde la convulsionada instalación de la AN, el 5 de enero. En ellas se han aprobado 13 acuerdos.
Mientras se aceitan los motores para la aprobación de los tres proyectos de ley que han sido introducidos ante secretaría, se efectuaron ocho debates de diversos temas sociales y económicos, además, de las acciones de las 15 comisiones del Poder Legislativo.
El informe anual que el presidente Nicolás Maduro presentó el 15 de enero ante el parlamento, ante el cual también consignó el Decreto de Emergencia Económica, intensificó el enfrentamiento entre poderes, especialmente después de que -en sesión extraordinaria- la bancada antichavista rechazara la propuesta, siguiendo la recomendación de la Comisión Especial que se encargó de evaluarla.
Marquina, quien ocupa la presidencia de la Comisión Permanente de Finanzas, consideró que el Ejecutivo no podía esperar que fuese aprobado, pues -a su juicio- el pueblo votó en “contra de las medidas económicas que se han implementado los últimos años”.
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